El Dr. Martín Acosta conversó con Informativo Carve del Mediodía sobre el alcance de la voluntariedad de la vacuna contra el coronavirus.

El gobierno está próximo a cerrar los acuerdos para la adquisición de las primeras dosis de las vacunas contra el coronavirus. Cuenta con un decreto para la compra de los antídotos que llegarán al país, que, según se informó serán de varios laboratorios.

Según trascendió, la campaña de vacunación incluirá a la desarrollada por la farmacéutica Pfizer, la china Sinovac, la vacuna rusa Sputnik , y la londinense Oxford/AstraZeneca.

En más de una oportunidad diferentes autoridades del gobierno aseguraron que la vacuna no será obligatoria. Sin embargo, varios países, como Estados Unidos, Alemania, España y Chile han manifestado su intención de implementar la obligatoriedad de un pasaporte o carné de inmunidad que constate que la persona tiene inmunidad al virus.

Consultado sobre la posibilidad de establecer como obligatoria la vacunación contra el covid-19 Acosta respondió que la Constitución permite hacerlo, gracias a su artículo número 10, que indica que “ningún habitante de la República está obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Por lo que el gobierno podría establecer dicha obligatoriedad, siempre y cuando haya una ley que lo autorice, ya que el artículo 44 de la Constitución establece que el Estado legislará en las cuestiones referidas a la salud e higiene pública, y de esa manera queda habilitado a habilitar normas que puedan incluir como obligatoria la vacunación.

Por otra parte, señaló que una empresa podría exigirles a sus trabajadores la vacunación aún cuando el gobierno no lo dispuso, “siempre que esa resolución parta de la base de ciertos principios rectores del poder de elección”.

“Tiene que haber una proporcionalidad de ese tipo de exigencia, tiene que estar justificada y ser razonable, no discriminar trabajadores, salvo situaciones específicas”, añadió.

En cuanto a la legitimidad de establecer la vacunación obligatoria solamente para ciertos grupos etarios o de riesgo, Acosta manifestó que la obligatoriedad tiene que ser por ley, explicando claramente las causales y se recabe el consentimiento de la persona o el adulto mayor a cargo.