En el Micro semanal de RICA Consultores en Radio Carve el Dr. Martín Acosta analizó la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, la cual condenó al Ministerio del Interior a pagar 7.000 dólares como indemnización por entender que ese organismo incurrió en una falta de servicio al tramitar una acusación de acoso sexual contra un funcionario.

Durante su exposición el Dr. Martín Acosta, indicó que la Ley 18561 – la cual trata sobre la temática – define al Acoso Sexual como “todo comportamiento de naturaleza sexual, que puede ser realizado por una persona de igual o distinto sexo, que no es deseado por la persona a la cual va dirigida y genera rechazo en el ámbito laboral o un ambiente hostil, discriminatorio o humillante”. Esta ley aplica para el ámbito público o privado.

En este como en todos los casos, aplica el principio de "Presunción de Inocencia"; el cual se encuentra contemplado en el artículo 12 de la Constitución de la República e indica que "nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia".

En este caso particular, el hecho ocurre tras la denuncia de una funcionaria del Ministerio del Interior, contra otro funcionario - en este caso su jefe - seguida por la separación de su cargo siguendo con los protocolos internos - pasando a una tarea de carácter administrativo en otra división. 

Según el Dr. Martín Acosta, se constató que no hubo denuncia formal por parte la funcionaria afectada, por lo que el proceso administrativo se vio afectado. Esto llevó a que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, considerando haberle ocasionado un prejucio al funcionario acusado al separarlo de su cargo y jerarquía, solicitó su indemnización.

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